Tarifas de la concesionaria de aguas han sido ilegales por los últimos 13 años

Concesionaria de aguas en la capital ha cobrado tarifas ilegales por los últimos 13 años, así lo dio a conocer el diputado Jesús Rangel de Lira, quien explicó que con la abrogación de la ley del sistema de aguas, alcantarillado y saneamiento del estado en el 2003, se estableció una prohibición para que particulares, en este caso PROACTIVA, pueda imponer tarifas por el servicio que presta a la población, ya que se trata de una facultad que es exclusiva del ayuntamiento.

“…el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 26, fracción III y el 87 de la ley de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de aplicación por artículo 8vo. transitorio de la ley de agua, fíjense lo que dice, de la ley de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, esta ley fue abrogada en octubre del 2003, están invocando a CCAPAMA para imponer las tarifas una ley que fue abrogada, en 2003, las tarifas que se están cobrando, son ilegales, no tienen sustento legal…”

El legislador que promovió la nueva ley de aguas en el estado aseveró que los ciudadanos pueden inconformarse ante esta situación, incluso pueden solicitar la devolución de lo que se ha cobrado en los últimos años por la concesionaria, ya que la empresa de origen francés, en complicidad con el municipio ha impuesto cobros abusivos por el líquido vital a los usuarios en la capital.

“…lo que tenían eran seis meses después de abrogada y publicada la nueva ley para que adecuara su estructura, para que adecuaran su sistema de cobro y no lo hicieron, siguen cobrando en función de la ley de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuál es la consecuencia, el ciudadano puede pedir la nulidad absoluta, es decir, no pagar el recibo porque es ilegal y pueden incluso pedir la devolución de todo lo pagado estos trece años…”

Finalmente, Rangel de Lira acusó al Partido Acción Nacional de diseñar medidas que beneficien a la concesionaria, incluso comentó que hay intenciones de la alcaldesa electa, Tere Jiménez, para quitar el contrato a CAASA y que el servicio lo preste otra empresa, sin embargo el legislador se pronunció porque sea el municipio quien retome el control de esta prestación para quitar el afán de lucro que tiene la iniciativa privada.

“…que la prestación del servicio esté en manos de la autoridad, no concesionados a una empresa, entonces no estoy a favor de que siga la concesionaria, de que se le extienda, porque ya había declarado unos días antes el alcalde Juan Antonio Martín del Campo, que era tiempo de revisar la posibilidad de extenderle la concesión a CAASA, y tampoco estoy de acuerdo, de acuerdo con lo expresado por Tere Jiménez que apunta hacia allá, a que se le entregue a un conjunto de empresas nacionales o locales o lo que sea, no, tiene que retomarlo, desde mi punto de vista el estado y el municipio, la prestación del servicio por ser prioritario…”